Imagina esta situación: estás viendo la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina. El partido termina con una espectacular remontada argentina y la albiceleste consigue el pase a la final. Horas después, descubres por redes sociales —porque probablemente el canal que transmitió el Mundial en tu país nunca lo mencionó— que algunos jugadores argentinos habrían exhibido un cartel con el mensaje "Las Malvinas son Argentinas" durante la celebración.
De ser cierto, se trataría de un acto que podría dar lugar a sanciones deportivas e incluso abrir un debate sobre posibles consecuencias disciplinarias. Sin embargo, rápidamente las redes sociales comienzan a llenarse de personas afirmando que el Mundial está "arreglado" y que nunca ocurrirá nada.
No vamos a analizar esas teorías de conspiración, ya que este no es el objetivo de este reportaje.
Lo que sí vamos a analizar es un hecho mucho más real y mucho menos comentado: mientras millones de personas discutían sobre el arbitraje, las selecciones o la FIFA, se estaba desarrollando una de las mayores operaciones antipiratería relacionadas con un Mundial de fútbol.
Y lo más llamativo es que no fue únicamente Estados Unidos quien actuó.
Varios países de América Latina participaron en una operación internacional cuyo principal beneficiario fue una organización privada: la FIFA y sus socios comerciales.
En este nuevo reportaje de Antipiratería al Descubierto, veremos cómo Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos terminaron colaborando en una operación internacional contra cientos de sitios de streaming deportivo, y por qué este tipo de iniciativas plantea preguntas importantes sobre hasta dónde deben llegar los Estados cuando protegen los intereses de titulares privados de derechos.
Operación Offsides: la mayor ofensiva contra el streaming deportivo
El 27 de junio de 2026, de acuerdo con el medio TorrentFreak, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la Operación Offsides 2026, una ofensiva internacional contra la piratería deportiva que terminó con la incautación de casi 400 nombres de dominio utilizados para retransmitir ilegalmente partidos del Mundial de la FIFA.
La operación fue liderada por el Departamento de Justicia estadounidense, el Homeland Security Investigations (HSI) y otras agencias especializadas en delitos informáticos y propiedad intelectual.
Entre los dominios afectados aparecían nombres conocidos dentro del ecosistema del streaming deportivo como Rojadirecta, Fútbol Libre, Koora y decenas de clones que utilizaban marcas similares para atraer usuarios.
Sin embargo, el operativo fue mucho más amplio de lo que parecía.
La propia información oficial reveló que participaron organizaciones privadas como FIFA, beIN Media Group, NBCUniversal, Warner Bros., UFC y la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), junto con organismos públicos de numerosos países.
Entre ellos figuraban Europol, la Policía de la Ciudad de Londres, el Ministerio Público Fiscal de Argentina y, llamativamente, el SENADI de Ecuador, que apareció como una de las instituciones colaboradoras de la operación.
Así es, Argentina, Ecuador, Colombia y Perú —tres de ellos habiendo participado en el mundial— siendo también partícipes de este operativo.
Además de las incautaciones de dominios, también se realizaron acciones coordinadas contra servidores y servicios de streaming ubicados en países tan lejanos como Bulgaria, Croacia, Polonia y Rumanía.
En otras palabras, no se trató únicamente de una operación estadounidense, sino de una red internacional de cooperación en la que distintos Estados colaboraron para proteger los derechos audiovisuales del Mundial.
Pero la operación no terminó allí
Semanas después, cuando muchos de los sitios afectados comenzaron a utilizar nuevos dominios para volver a funcionar, Estados Unidos lanzó una segunda oleada de incautaciones.
Más de un centenar de dominios adicionales fueron decomisados.
Sin embargo, ocurrió algo interesante.
Los operadores de varios de estos sitios ya habían previsto este escenario desde hacía años.
TorrentFreak descubrió que muchos de ellos mantenían dominios de respaldo bajo la extensión iraní (.ir) registrados desde 2023, casi tres años antes del inicio de la Operación Offsides.
Cuando los dominios .com, .org o .app fueron incautados, simplemente redirigieron a sus usuarios hacia esos dominios iraníes.
¿Por qué Irán?
Porque los dominios .ir se encuentran fuera del alcance directo de la jurisdicción estadounidense. Además, la autoridad iraní responsable de administrarlos no mantiene la misma cooperación con Estados Unidos que los registros occidentales, y desde 2023 redujo considerablemente la información pública disponible sobre sus registros, dificultando la identificación de sus propietarios.
Esto demuestra que la llamada "guerra contra la piratería" no termina con la incautación de un dominio.
Los operadores simplemente buscan otras jurisdicciones donde las autoridades estadounidenses tienen menos capacidad de actuación.
Y eso abre una pregunta que desarrollaremos en los siguientes reportajes:
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos para combatir la piratería en Internet?
Porque cuando la cooperación internacional se convierte en la norma, el debate deja de ser únicamente sobre derechos de autor. También pasa a ser un debate sobre jurisdicción, vigilancia, bloqueos, libertad en Internet y el papel que deben desempeñar los Estados cuando protegen los intereses de organizaciones privadas.
Y esto también podría responder en parte la pregunta: ¿por qué la FIFA no dará sanciones hacia Argentina, Ecuador e incluso México, países que fueron partícipes de diversos problemas?
El costo de hacer el trabajo sucio a la FIFA
Si bien Argentina tiene muchas posibilidades de ganar este mundial (a la fecha de escribir esto, el partido no se ha ejecutado), diversas redes sociales han hablado de cómo la FIFA le ha dado una absurda ventaja, tanto futbolística como arbitral, al país gaucho. Pero no son los únicos.
Ecuador y México también fueron partícipes de diversas polémicas, como la de la afición mexicana haciendo escándalo en el hotel donde la selección ecuatoriana se hospedaba, amén de diversos desmanes tanto dentro como fuera del estadio Azteca durante y después del encuentro. Hasta la fecha de este reportaje, todavía no se han mencionado ninguna acción, pero lo más probable es que no harán nada, ya que Ecuador y México están colaborando con la FIFA en estas acciones antipiratería.
Del lado mexicano, diversos reportajes, incluyendo el de TorrentFreak, anunciaron medidas en contra del uso ilegal de los logotipos de la FIFA y del uso ilegal de las transmisiones de los encuentros por parte de empresas o personas no autorizadas.
A pocas semanas del inicio del Mundial, el comité organizador de la Ciudad de México envió una solicitud a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que lanzara una campaña pública advirtiendo sobre los riesgos de utilizar aplicaciones y servicios de streaming considerados piratas.
Sobre el papel, la petición parecía una campaña de protección al consumidor. Sin embargo, la discusión cambió rápidamente de rumbo.
Diversos usuarios señalaron que el verdadero problema no era la existencia de esas plataformas, sino que una parte importante de los partidos del Mundial únicamente podía verse mediante ViX Premium, el servicio de pago de Televisa, que comercializó un pase especial para acceder a gran parte del torneo.
Las críticas no tardaron en aparecer. Para muchos aficionados, la piratería no era la causa del problema, sino la consecuencia de un modelo donde cada vez más eventos deportivos quedan detrás de un muro de pago.
La controversia llegó hasta el Gobierno federal.
El titular de Profeco, César Iván Escalante, explicó públicamente que la solicitud del comité organizador no formaba parte de los grupos oficiales de trabajo de la FIFA y sostuvo que la petición buscaba, en la práctica, ayudar a proteger los derechos de transmisión pertenecientes a Televisa.
Es decir, el debate dejó de centrarse exclusivamente en la protección del consumidor y comenzó a girar alrededor de la protección de intereses comerciales privados.
Más llamativa aún fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lejos de anunciar una campaña nacional contra la piratería, afirmó que, en su opinión, los partidos del Mundial deberían transmitirse de manera abierta para toda la población, aunque reconoció que la FIFA había decidido vender esos derechos a plataformas comerciales.
Como alternativa, el Gobierno mexicano anunció la instalación de pantallas gigantes en plazas públicas para que la población pudiera seguir gratuitamente los encuentros del torneo, cosa que ocurrió.
Del lado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano ha sido uno de los principales sponsors de las transmisiones de los partidos, en conjunto con Teleamazonas, canal autorizado por DirecTV Latin America, TelevisaUnivisión (bajo el nombre de empresa New IP) y la propia FIFA. También, Teleamazonas tiene derechos de algunos eventos en conjunto con DirecTV y la LigaPro de Ecuador y ha sido muy vocal en contra de la piratería (aunque de esto hablaremos en otros reportajes).
Dos visiones diferentes
Este episodio dejó al descubierto dos formas muy distintas de entender el problema de la piratería.
Por un lado, el comité organizador de la Ciudad de México solicitó la participación del Estado para impulsar una campaña dirigida contra determinadas plataformas de streaming, argumentando razones de protección al consumidor y seguridad informática.
Por otro, el propio Gobierno mexicano tomó una postura diferente. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que, en su opinión, los partidos del Mundial deberían ser accesibles para toda la población y, en lugar de centrar sus esfuerzos en una campaña antipiratería, anunció la instalación de pantallas públicas para que los aficionados pudieran disfrutar gratuitamente de los encuentros. Y en el caso de Ecuador, el gobierno financiando y protegiendo un evento privado a costa del dinero de los contribuyentes en forma de publicidad del ejecutivo.
La diferencia entre ambas posturas es significativa.
Una entiende la piratería principalmente como un problema de aplicación de la ley y de protección de los derechos de transmisión. La otra reconoce que el acceso restringido y la creciente comercialización de los grandes eventos deportivos también forman parte del problema.
Combatir la piratería puede ser un objetivo legítimo. Lo que merece ser debatido es cómo se combate y hasta dónde deben llegar los gobiernos cuando intervienen para proteger intereses comerciales privados.
Porque cuando las instituciones públicas son llamadas a participar en campañas de este tipo, la pregunta deja de ser únicamente si una plataforma infringe derechos de autor.
La verdadera pregunta pasa a ser otra:
¿El Estado está actuando principalmente para proteger a los consumidores, o está utilizando recursos públicos para defender los intereses comerciales de los titulares de los derechos audiovisuales?
En Antipiratería al Descubierto creemos que esa pregunta merece una discusión seria, transparente y basada en hechos. Y, sobre todo, creemos que la lucha contra la piratería no debe convertirse en un pretexto para ampliar el poder de vigilancia, restringir el acceso a la información o comprometer derechos digitales fundamentales.
Sin embargo, esto no termina aquí porque España, segundo finalista del mundial, es uno de los países donde el Internet dejó de ser libre, y eso será tema para el siguiente reportaje, porque en ella hablaremos de cómo un sexagenario ha convertido su liga de fútbol en un feudo y cómo España se ha convertido en el manual de censura en Internet so pretexto de la piratería.
Nos vemos en el siguiente reportaje.